En tiempos donde parece que lo hemos visto todo, el conflicto de mayor magnitud y del que menos se habla ha aparecido brevemente en los titulares. A finales de octubre pasado, la ciudad de Al Fasher, capital del fragmentado Darfur, cayó tras más de 500 días de asedio por parte de las Rapid Support Forces (RSF). Estas fuerzas militares protagonizan una guerra brutal contra el ejército regular sudanés (Sudan Armed Forces), en un conflicto que desangra al país con objeto de llenar vitrinas de joyerías extranjeras con su más preciado mineral.
La caída de Al Fasher no fue una batalla convencional. Fue el colofón de una campaña sistemática de limpieza étnica contra la población masalit y otras comunidades racializadas en Darfur Occidental por las RSF. Videos difundidos por sus miembros mostraban ejecuciones de civiles, profanación de hospitales, asesinatos de pacientes y torturas a voluntarios de la Media Luna Roja. Lo más alarmante es que estos crímenes no se ocultan: se graban y se celebran, pero únicamente han provocado un incremento de la condena retórica internacional y del escrutinio por parte de investigadores. Esta impunidad tiene nombre: oro.
Para entender Sudán hoy, hay que comprender tres verdades fundamentales. La primera: las RSF son los Janjaweed. Históricamente, estos provenían de tribus árabes nómadas (abbala y baggara, pastores de ganado) en conflicto con comunidades agrícolas racializadas (fur, masalit, zaghawa, entre otras), por disputas de tierra y agua en un contexto de desertificación. El régimen de Jartum los transformó en milicias armadas en los años 80, y en 2003 fueron instrumentos de una campaña genocida en Darfur. Aquellas milicias, con jinetes armados en camello (de ahí su nombre en árabe, Janjaweed), fueron responsables de asesinatos, violaciones masivas, desplazamientos y destrucción. En 2013, el dictador Omar al-Bashir oficializó su existencia bajo un nuevo nombre: Rapid Support Forces. Inicialmente bajo supervisión de la inteligencia sudanesa, una ley de 2017 las integró en las Fuerzas Armadas bajo mando directo presidencial. Les entregó armas, uniformes y minas de oro, convirtiéndolas en su guardia pretoriana… una guardia que le abandonó dos años después.
La segunda verdad: el oro financia el genocidio. Sudán es extremadamente rico en este mineral, lo que ha despertado la codicia internacional. En la última década, fue el tercer productor de oro de África, con extracciones oficiales de hasta 109 toneladas anuales [1]. El embargo impuesto por EE. UU. desde los años 90, unido a la pérdida de la mayor parte de los campos petrolíferos tras la independencia de Sudán del Sur en 2011, llevó a Sudán a promover el oro como su principal producto de exportación. Sin embargo, esa riqueza no llegó al pueblo. La población más vulnerable también se vio arrastrada por la fiebre del oro, recurriendo a explotaciones informales en busca del preciado mineral como un medio de vida tan esperanzador como volátil, y que provocó más daños al medio ambiente a causa del uso del mercurio para su extracción, que beneficios económicos reales.
Más de la mitad del oro sudanés se trafica ilegalmente [2]. Mientras Sudán se mantiene en el puesto 172 de 191 en el Índice de Desarrollo Humano, élites locales y actores externos se benefician. El control de las minas ha sido clave en el conflicto entre las RSF y el ejército regular liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan. El caso más emblemático es Mohamed Hamdan Dagalo, alias «Hemedti», líder de las RSF. En 2017 tomó el control de Jebel Amir, epicentro de la minería ilegal aurífera, y consolidó un imperio económico vendiendo oro al margen del Estado [3].
La tercera verdad: el conflicto también es resultado de una transición política fallida. Tras la caída de al-Bashir en 2019, impulsada por una revolución civil masiva donde las mujeres jugaron un papel clave (organizando protestas y resistiendo bajo el nombre simbólico de kandakas) [4], Hemedti se aseguró un lugar en el gobierno de transición. Aunque formaba parte del aparato represivo, fue nombrado vicepresidente del Consejo Soberano. Las mujeres, pese a ser protagonistas, fueron excluidas de las negociaciones. Muchas siguieron exigiendo justicia y transición civil, y otras se convirtieron en voces del activismo y el periodismo.
El conflicto estalló entre Al-Burhan (líder del SAF y jefe del Consejo Soberano de Sudán) y «Hemedti» Dagalo (líder de las RSF y vicepresidente del Consejo Soberano) en abril de 2023, originado por desacuerdos sobre la integración de las RSF en las fuerzas armadas y por la competencia por el control del Estado y de recursos como el oro. Esta tensión, agravada por la acumulación de poder de las RSF, desembocó en una guerra civil que paralizó la transición democrática.
El oro, mientras tanto, fluye hacia Emiratos Árabes Unidos. Dubái es hoy el principal centro mundial de refinado de oro, muchas veces sin preguntar por su origen. Vuelos desde Darfur transportan regularmente oro. A cambio, las RSF reciben armas, drones y apoyo logístico. Informaciones internacionales revelan incluso la presencia de mercenarios extranjeros, como colombianos reclutados por contratistas emiratíes [5]. Emiratos niega su implicación, pero EE. UU. ya ha sancionado a algunas de sus empresas por colaborar con las RSF [6].
Rusia también ha aprovechado el oro sudanés. A través del Grupo Wagner, explotó minas y contrabandeó toneladas de oro, eludiendo las sanciones internacionales contra el Kremlin. Este botín ha financiado operaciones rusas en África y posiblemente en Ucrania [7]. China y Marruecos, por su parte, han establecido posiciones mediante concesiones legales y alianzas con el ejército regular SAF, que controla el gobierno de facto. Estas alianzas permiten mantener su economía a flote, asegurar su aparato militar y obtener legitimidad y apoyo político internacional en un contexto de aislamiento por conflictos internos y violaciones de derechos humanos.
Todo esto sucede mientras la población de Sudán colapsa. Más de 12 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza. Decenas de miles han muerto. La hambruna amenaza a medio país, con 24 millones en situación de inseguridad alimentaria. Las RSF asedian comunidades, cortando el acceso a agua y alimentos. La Corte Penal Internacional acaba de condenar crímenes pasados [8], pero el nuevo genocidio sigue impune. EE. UU. ha vuelto a declarar que se está cometiendo genocidio en Darfur, por segunda vez en veinte años. Organizaciones regionales como la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) han intentado mediar en el conflicto sin ningún éxito, a causa de la falta de voluntad política de las partes en conflicto. Y mientras, el oro sudanés llena los escaparates más elitistas del Golfo Pérsico y se introduce en el mercado internacional, mediante las refinerías de Dubái o las rutas de contrabando en países vecinos como Egipto y Chad.
Oro de conflicto, joyería y alternativas de origen responsable
El oro es uno de los llamados “minerales de conflicto”, lo que significa que puede ser extraído en zonas de conflicto y de graves vulneraciones de derechos humanos para financiar grupos armados, comprar armas y alimentar la guerra. Como veíamos, puede ser transportado fácilmente a otros países donde se funde y se mezcla con mineral de origen legítimo, antes de entrar en los mercados internacionales. Y, en último lugar, puede terminar en productos de consumo como las joyas o los aparatos electrónicos, a pesar de las obligaciones establecidas en materia de diligencia debida en las cadenas de suministro.
Como profesionales de la joyería o como clientela, ¿tenemos la certeza de que el oro de nuestras joyas no proviene del genocidio sudanés o de otras barbaridades similares? Lo más habitual es que no sepamos nada acerca del origen de los materiales con los que han sido creadas. Sin embargo, existen opciones a nuestro alcance para encontrar oro procedente de realidades muy distintas, en las que se prioriza el respeto a los derechos humanos y al medioambiente en toda la cadena de valor.
Las mejores alternativas, hoy en día, son las certificaciones Fairmined y Fairtrade. Ofrecen oro y plata extraídos mediante prácticas responsables por parte de pequeñas organizaciones mineras de países como Colombia y Perú, en condiciones laborales dignas y seguras, sin mercurio y aplicando mecanismos de protección ambiental, entre otros aspectos. Son las únicas opciones en el mercado que nos pueden garantizar una trazabilidad plena, desde la fuente hasta que llega a nuestras manos.
Y, más allá de esto, que por sí solo ya es extraordinariamente valioso, el metal Fairmined y Fairtrade tiene un valor social positivo añadido ya que incluye unas primas destinadas a proyectos de mejora organizacional y desarrollo comunitario (infraestructura, salud, educación, etc.). El beneficio para los grupos mineros y el impacto en el bienestar de sus comunidades es directo, visible y cuantificable.
Si abogamos por un consumo consciente y nos preocupa el impacto de nuestras elecciones de compra, debemos saber que ya es posible realizar joyas de cualquier tipo con oro justo certificado, desde piezas tradicionales a alianzas de boda o encargos personalizados. Solo tenemos que hacer una búsqueda rápida para identificar aquellas firmas joyeras que lo han integrado en su producción y que trabajan desde una perspectiva de compromiso social y medioambiental. Para ampliar información sobre cómo distinguir la joyería responsable, puedes consultar este artículo.
Apostar por este metal de origen ético y apoyar las buenas prácticas que lo hacen posible, también es una forma de incidir en la industria para que avance en una dirección más responsable y de contribuir a forjar un mundo más justo, sostenible y en paz. Todo ello nos permite darle otro significado a las joyas que creamos y, con cada pieza, contar historias de dignidad humana y de respeto a la naturaleza.
Artículo elaborado por José Alonso, con la colaboración del colectivo ORIGEN – Gold for Future.
José Alonso es experto en cooperación internacional y miembro de Nadir Perspectiva SCCL. Trabajó con organizaciones internacionales en Sudán de 2013 al 2017, y posteriormente tras la caída del régimen de Omar el Bashir, en 2019.